“Las mujeres intentan competir en un mundo laboral en el que son discriminadas por no dejar de cuidar. Las cuotas son necesarias, sin ninguna duda”

Pionera en juzgar con perspectiva de género, Glòria Poyatos, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es una de las abanderadas en la lucha por la igualdad desde la judicatura. Sus claves: que los cuidados familiares cuenten para ascender a las cúpulas judiciales y que las empresas y el Estado abracen definitivamente la conciliación

¿Cómo valora el nombramiento de la jueza Pilar Llop como presidenta del Senado?

Es una buena noticia para la ciudadanía, porque es una magnífica profesional de la justicia y, además, una experta en género, lo que es doblemente positivo. El Senado se beneficiará de su experiencia profesional, su sensibilidad y su formación.

¿Qué echa de menos de la justicia y las instituciones en materia de igualdad?

La integración de la perspectiva de género en nuestro derecho, que se ha construido bajo un modelo idealizado que ha desterrado a la mitad de la población. Uno de los ejemplos más claros en el ámbito social es el trato que se da a los cuidados. Es discriminatorio para las mujeres, que son las que cuidan mayoritariamente, pero incluso para los hombres que se atreven a cuidar. La protección social se extiende a escasos periodos legales pero más allá, la persona trabajadora que tiene que cuidar de alguien (menores, mayores o discapacitados) es tratada igual que una persona que abandona el mercado de trabajo porque le ha tocado la lotería y decide que se va a dedicar a viajar. Es absolutamente injusto porque cuando las mujeres se incorporaron masivamente al mercado de trabajo no dejaron de cuidar, y la mayoría de los hombres (aunque algunos ya se están corresponsabilizando y soy optimista) no se incorporaron masivamente al trabajo doméstico. Esto ha generado un desequilibrio claro. Las mujeres intentan competir en un mundo laboral en el que son discriminadas por no dejar de cuidar. Hay otros muchos ejemplos. Las penas del Código Penal, como el delito de sexting, tienen un impacto de género evidente. Se establecen penas de tres meses a un año de prisión y, en cambio, el delito de revelación de secretos industriales que afecta a las empresas se castiga con una pena de tres a cinco años.

España es el país con menos juezas en el Tribunal Supremo y en el Constitucional. Solo hay dos mujeres de doce magistrados. ¿Hay que apuntar hacia los cargos discrecionales?

Hay que apuntar hacia los estereotipos. Esto no es solo un problema de España, la infrarrepresentación de las juezas en las cúpulas de la justicia es un problema global. El estereotipo que late es el de la inferioridad intelectual de las mujeres juezas, y esto se reproduce en todas las profesiones, lo que evidencia que es un problema global, estructural y sistémico. Es un mito que hace mucho daño a las mujeres y que dificulta la integración femenina en la toma de decisiones de gran trascendencia social.

Font i Foto: cincodias.elpais.com