Las dudas en torno a la vuelta de los alumnos a los colegios amenazan con convertirse en una nueva fuente de litigios entre empresarios y empleados por el teletrabajo. Así lo auguran los laboralistas consultados, que prevén que la incertidumbre sobre la apertura de las aulas empujará a muchos trabajadores a solicitar seguir desempeñando sus funciones en remoto. Y, en muchos casos, anticipan, las compañías se verán forzadas a concederlo incluso en contra de su voluntad.

La razón es que tanto el Estatuto de los Trabajadores (ET) como la legislación especial aprobada durante el estado de alarma reconocen el derecho de los empleados a solicitar teletrabajar. Y, si bien no obliga a las empresas a concederlo, sí les exige demostrar que han analizado la petición y, en caso de haber dado una respuesta negativa, poder justificarla con razones organizativas o producción.

El año pasado, con el objetivo de favorecer la conciliación, se modificó el artículo 34.8 en el ET para introducir la bautizada como jornada a la carta. Dicho precepto no solo permite que los empleados con hijos soliciten la adaptación de su horario, sino también "la prestación de trabajo a distancia" .

Una posibilidad que se reforzó a través del Plan MeCuida, regulado en el artículo 6 del Decreto-ley 8/2020, que establece que los trabajadores "que acrediten deberes de cuidado" respecto de familiares "tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada". Un concepto que, según especifica la norma, también incluye "la prestación del trabajo a distancia".