Recupera la iniciativa en el Congreso con medidas que el PP y Cs lograron bloquear en su primer mandato

En junio de 2018, Pedro Sánchez logró derribar a Mariano Rajoy mediante una moción de censura y convertirse, de la noche en la mañana, en el inquilino de la Moncloa, pero aquella operación siempre estuvo coja de una pata. El líder del PSOE se enfrentó desde el primer día a la desventaja de tener que lidiar con un Congreso en el que PP y Ciudadanos, con mayoría en los órganos de gobierno, podían vetar o retener las iniciativas legislativas de las que él habría querido hacer bandera. El hecho de que los populares controlaran el Senado impidió además al Ejecutivo modificar los objetivos de déficit y deuda. Ahora la situación es otra y la coalición con Unidas Podemos tiene la oportunidad de resarcirse.

El Gobierno al completo, reunido en la finca estatal de Quintos de Mora (Toledo), dedicó la jornada del sábado a planificar las prioridades legislativas del trimestre, entre las que se encuentran las destinadas a desmontar las reformas del PP en materia educativa y laboral, o, de la mano de Unidas Podemos, proteger las «libertades sexuales».

Desde la Cámara Baja, los socialistas ya intentan sacar provecho del trabajo adelantado en balde en la pasada legislatura, y, embarcados en la estrategia de demostrar que España ha salido por fin del desbloqueo y que su decisión de pactar con socios como ERC permite desarrollar una «agenda de progreso», han reactivado iniciativas que decayeron con la disolución de las Cortes el 5 de marzo de 2019, hace casi un año.

El pleno avalará ya mañana martes, por ejemplo, la tramitación de la ley de eutanasia, a la que en 2018 se opuso únicamente el PP. La norma –que regula el «derecho individual» de determinados enfermos a terminar con su vida y la obligación de los servicios públicos de salud a asistirlos en el proceso– quedó paralizada cinco meses en el Congreso por las continuas ampliaciones de los plazos de enmiendas aprobadas por populares y liberales en un ejercicio de filibusterismo parlamentario, pero no por falta de apoyos. En el grupo socialista se respira optimismo ante la posibilidad de que esta vez pueda ser aprobada antes de que acabe el año.

No es la única proposición de ley ya discutida en el Parlamento que el PSOE ha vuelto a poner en circulación. El 24 de enero también registró una iniciativa que amplía y reforma la ley de la memoria histórica de 2007 para, entre otras cosas, establecer el 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo; incluir entre los fines del sistema educativo «el conocimiento de la historia democrática de España»; exhumar del Valle de los Caídos a quienes sean reclamados por sus familiares; retirar medallas policiales como la de ‘Billy el Niño’ o suprimir títulos nobiliarios que «representen la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura».

En el listado de proposiciones que los socialistas quieren agilizar está también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que forma parte del acuerdo de coalición sellado con Unidas Podemos. En este caso, su objetivo es revertir los cambios promovidos por el PP en 2015 para reducir los tiempos de instrucción de las causas penales. Los populares justificaron la medida en la necesidad de agilizar la administración de justicia, pero las principales fuerzas de la izquierda siempre han visto en ela una fórmula para favorecer la prescripción de delitos cometidos en casos de corrupción como la Gürtel.

Con esta producción legislativa, los partidos del Gobierno confían en recuperar la iniciativa política tras un inicio de mandato eclipsado por la gestión de la crisis catalana y controversias como el choque de Pablo Iglesias con el CGPJ, la designación de la exministra de Justicia como fiscal general, la propuesta de suavizar el castigo a los condenados por sedición, y el episodio del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Font i Foto: diaridetarragona.com