El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, conocido vulgarmente como plusvalía municipal, es una de las fuentes de ingresos regulares más consistentes de los ayuntamientos españoles, por el que recaudaron en 2015, por ejemplo, nada menos que 2.623 millones de euros, una cantidad que prácticamente duplica la registrada en 2008. Pero la sentencia reciente del Tribunal Constitucional obliga a una revisión profunda de su diseño, puesto que ahora se aplica y se cobra sobre la plusvalía generada por el terreno, haya obtenido el propietario por la venta una ganancia patrimonial o una pérdida.